El derecho a la alimentación

Existen celebraciones que no deben pasar por alto, como la que hoy se conmemora: El Día Mundial de la Alimentación, derecho que fue reconocido por primera vez a nivel internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, añade Liza María Covantes, experta regional del proyecto Agrobiodiversidad Mexicana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

En México, hace 10 años se modificaron los artículos 4° y 27 de la Constitución Política Mexicana en donde se enfatiza este derecho: “además, del desarrollo rural integral y sustentable que debe tener entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca''.

“Este derecho no existe, aunque está en la Constitución desde el 2011, la ley es muy sintética y se va tergiversando”, reflexiona Covantes.

Se requiere de una ley que especifique, saber quién tiene derecho a ella, porque somos todos. Hay que definir cuál es la población vulnerable; generar comisiones para que la gente no padezca hambre, y esto ser vigilado por  la ley judicial, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque este último organismo solo sea un observador, una fuerza moral”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aboga también por la claridad a este concepto, definiendo el concepto de seguridad alimentaria como el derecho que existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.

EL PODER DE CONSUMO

Si vemos las cifras de desnutrición y pobreza que hay en México, es cuando visibilizar este día y sus implicaciones es fundamental. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de hace cuatro años, el 22.6 por ciento de los hogares tienen inseguridad alimentaria moderada y severa, así como más de un millón 194 mil 805 niños con desnutrición crónica en el país.

Sin duda gran parte de la respuesta no debe quedar solamente en las instituciones: “nosotros debemos entrar en acción, pues es nuestro derecho”.

Liza comenta que en México, a fines de los ochenta, había grupos sociales pidiendo que este derecho estuviera en la Constitución.

“Hay observatorios internacionales por cada derecho. Ellos se encargan de pasar las recomendaciones. Un ejemplo es cuando le pedimos al relator de la ONU, Oliver Oliver de Shutter que hiciera una observación para que le notificara al gobierno mexicano lo que falta para que este derecho a la alimentación se cumpla."

“Ésas son las vías e instancias en donde la sociedad civil puede presionar al gobierno para que sucedan los cambios”, ejemplifica Liza.

Otro espacio social y cotidiano es el campo, que además de proveer de alimento, es hogar.

“La construcción de presas, la minería y otros proyectos de construcción hacen que las comunidades tengan que dejar sus tierras en donde viven y cultivan, y ahí se elimina la posibilidad de tener acceso a la tierra y la producción de alimentos”, subraya Liza.

“Sumado a la pérdida de territorio, está el limitar el uso de semillas al situarlas como propiedad intelectual y eso debería estar prohibido”.

Las consecuencias siguen evidenciándose en la salud, sólo en 2017 a las bebidas azucaradas se les atribuyó entre el 8 al 10% de muertes por diabetes en hombres y mujeres.

Estos productos industrializados, desmesurados de grasas saturadas, altos en potasio y azúcares, han desbancado del día a día familiar a atoles y más preparados naturales a partir de la milpa.

“Pero no tenemos que esperar, nosotros tenemos elección de compra. Al adquirir aquellos que nos nutren, al elegir otra cosa que no sean los procesados, ejercemos nuestro poder de consumidor.

“Podemos comprar a pequeños productores, a los de pequeña escala, crear un grupo colectivo de consumo y así sensibilizar a la sociedad. Esto ayuda y motiva a que se tengan producciones locales y en pequeños grupos”, enfatiza Liza, quien forma parte de una cooperativa solidaria de consumo.

Al entender que es nuestra responsabilidad si queremos generar este cambio, resalta, se generan círculos de economía solidaria en los cuales la sociedad en pequeña escala se asocia con productores.

"Nosotros podemos invertir en la próxima cosecha de los productores locales, esto genera una relación directa y poner ese dinero por delante, que muchas veces las familias campesinas no pueden dar”, detalla la doctora. Además de una cercanía, se vigila que los cultivos se traten de manera artesanal sin plaguicidas o aditivos.

“Esto cambia la lógica de que la comida es negocio. Esta es una idea que los productores grandes y medianos trasladaron a los pequeños, quienes producen alimentos sanos pero que tienen que vender muchas veces por debajo de su precio y, en consecuencia, comprar para ellos otros alimentos de menor precio y no saludables”, subraya Liza.